El Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 24 de septiembre de 2025 (rec. 917/2024), ha sentado una doctrina de gran trascendencia para empresas y trabajadores en materia de conciliación: ante una solicitud de adaptación de jornada, la inacción o negativa a negociar por parte de la empresa implica su aceptación automática.
Analizamos las claves de este fallo que redefine el marco aplicable.
- El deber de negociar no es una opción, es una obligación
La Sala IV dicta que la obligación de la empresa de abrir un proceso de negociación, recogida en el art. 34 ET, no es una mera formalidad optativa. Se trata de un trámite imperativo.
La consecuencia directa de su incumplimiento es la aceptación de la propuesta del trabajador en sus términos exactos. La empresa ya no puede limitarse a denegar la solicitud, aunque motive su decisión. Está legalmente obligada a sentarse, dialogar y buscar de buena fe una solución.
- Implicaciones prácticas para las empresas
Esta sentencia introduce una obligación prudente: la revisión de los protocolos internos de gestión de solicitudes de conciliación. Las principales consecuencias son:
- Proactividad obligatoria: Las empresas deben tratar estas peticiones con la máxima diligencia, iniciando un diálogo formal y, muy importante, documentado.
- El riesgo de la pasividad: La negativa directa o el silencio administrativo se convierten en una estrategia de alto riesgo, que puede derivar en la imposición judicial de la medida solicitada por el trabajador.
- Un único límite: La aceptación automática, solo podría ser revocada judicialmente si se demuestra que la petición del trabajador es «manifiestamente irrazonable o desproporcionada», un umbral que exige una justificación empresarial muy sólida.
- Reflexión final
Este criterio consolida los derechos de conciliación como obligaciones jurídicas efectivas, y no como meras declaraciones de intenciones. Se refuerza así la protección de la vida familiar y personal, exigiendo un compromiso activo por parte de las organizaciones.
Sin duda, el fallo marcará un giro en la gestión de los recursos humanos y en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Manuel Alonso Escacena
Abogado en Legal Sur.

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