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Martes, 31 de Enero de 2017 13:13

La retroactividad de las cláusulas abusivas tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016

La Sentencia dictada el pasado 21 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, examina varias cuestiones prejudiciales remitidas por distintos órganos judiciales españoles que se plantearon fundamentalmente a los efectos de dilucidar la concordancia entre la irretroactividad de los efectos restitutorios tras la declaración de nulidad de una cláusula abusiva establecida por nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia del Pleno de la Sala 1ª de 9 de mayo de 2013 y lo dispuesto en la Directiva 93/13, cuyo propósito fundamental radica en aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

En concreto, dicha Sentencia examina si un tribunal nacional como es nuestro Tribunal Supremo puede limitar los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva a la vista de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13, examen que realiza bajo la premisa de la igualdad y el equilibrio que debe regir en los derechos y obligaciones de las partes de un contrato y buscando en todo momento el interés público relativo a la protección de los consumidores establecido en el artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva. Así, y en aras alcanzar dicho equilibrio, la Sentencia recuerda que el Juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, dejarla sin aplicación para evitar su vinculación al consumidor, no pudiendo en ningún caso modificar el contenido de la misma (apartado 65 de la Sentencia de 14 de junio de 2012, c-618/10, EU:C:2012:349).

Tras ello, la resolución europea en sus puntos 61 a 66 concluye que una cláusula contractual que previamente haya sido declarada abusiva por un Juez nacional no puede desplegar efecto alguno frente al consumidor, indicando expresamente que tal declaración de abusividad conllevará necesariamente la restitución de las prestaciones y el restablecimiento del consumidor a la situación de hecho y de derecho anterior a la existencia de la cláusula anulada, siendo por todos revelador el punto 72 de la referida Sentencia que expresamente establece: "De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional ―como la plasmada en la sentencia de 9 de mayo de 2013― relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C 415/11, EU:C:2013:164, apartado 60)".

En definitiva, el Tribunal Europeo establece que los tribunales nacionales no pueden vulnerar la protección que el Derecho Europeo confiere al consumidor y por tanto, no pueden limitar temporalmente los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas contenidas en los contratos formalizados con consumidores. Pese a lo anterior, llama la atención como a tenor de lo establecido en el punto 68 de la Sentencia que nos ocupa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifiesta que "la protección del consumidor no es absoluta" no pudiendo obligar a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren efecto de cosa juzgada a sus resoluciones, ni en el caso de que con ello se persiga subsanar una infracción de una disposición como la Directiva 93/13. Expresamente el Tribunal Europeo declara "De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada".

Tras el dictado de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se han producido numerosos pronunciamientos por parte de distintas Audiencias Provinciales, y de entre ellas, obviamente, hacemos especial hincapié a la reciente Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla de 29 de diciembre de 2016, en la que en líneas generales se viene a aplicar la doctrina europea consistente en la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por aplicación de las "cláusulas suelo" declaradas nulas, esto es, la aplicación retroactiva de los efectos de la nulidad más allá del 9 de mayo de 2013, que había venido siendo negada por nuestro Tribunal Supremo y, en consecuencia, por la inmensa mayoría de juzgados y tribunales nacionales. En definitiva, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla se viene a decir que los tribunales nacionales están vinculados a la interpretación doctrinal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que por tanto deben de abstenerse de aplicar la limitación a los efectos de la declaración de nulidad que en su día dispuso el Tribunal Supremo, doctrina esta última que deja de ser vinculante.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supone, por un lado, un paso decidido hacia la protección integral a los consumidores bancarios, y por otro, la unificación de un criterio interpretativo finalista del artículo 1303 del Código Civil que desarrollarán los tribunales nacionales, aumentando con ello de forma significativa las posibilidades de éxito de las reclamaciones judiciales instadas por consumidores afectados por este tipo de cláusulas abusivas.

Natalia Álvarez Aladrén
Juan Francisco Vallejo Quirós
RZS Abogados y Economistas, S.L.P.

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