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Lunes, 17 de Octubre de 2016 10:56

Apuntes de urgencia a la Ley 6/2016 de 1 de agosto, por la que se modifica la ley 7/2002, de 17 de diciembre de ordenación urbanística de Andalucía

I

La Ley tiene el siguiente contenido: Un artículo Único desarrollado en cuatro apartados, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Según la Exposición de Motivos, declara:

"La presente modificación de la Ley 7/2002 de 7 de Diciembre, tiene por objeto principal eliminar la incertidumbre en la que se encuentran las edificaciones descritas, de tal forma que dichas edificaciones y sus parcelas, y solo a éstas, les sea de aplicación el plazo establecido por el art. 185.1 de dicha Ley, para que la Administración pueda adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística contra ellas, si bien, como regla general se mantiene la inexistencia de limitación temporal para la adopción de medidas del restablecimiento del orden jurídico perturbado para las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable".

La simple lectura de esta confusa declaración nos permite pensar que la Ley 6/2006, de 1 de Agosto no solamente no elimina la incertidumbre que persigue como objetivo principal, sino que la aumenta, por las razones que telegráficamente pasamos a desarrollar.

II

DEFICIENTE TÉCNICA LEGISLATIVA

El problema viene de lejos como ya recordó el Consejo de Estado en su memoria del año 1992 al denunciar "iniciativas que con rigor y eficiencia, ciertamente muy dispares, se orientan hacia la ordenación racional del desbordante caudal normativo, para facilitar su conocimiento y aplicación y servir las más primarias exigencias del principio de seguridad jurídica".

En el plano doctrinal DIEZ PICAZO y PONCE DE LEON siendo Presidente de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación, manifestó: "Muchas veces da la impresión de que las enmiendas que se presentan a las Cortes se las han pedido al último meritorio que ha entrado en el partido".

Las declaraciones de la Exposición de Motivos sobre competencias judiciales que no le corresponden al legislativo, del articulado y sus disposiciones, sobre todo la final primera por la que se modifica otra Ley –la 3/2015, de 29 de Diciembre- que no es obviamente la Ley modificada 7/2002, carece de la más elemental técnica legislativa a juzgar por las instrucciones que la subsecretaria de la Presidencia del Gobierno aprobó en su día. (Nos remitimos al nº 7 de la Revista "Actualidad Administrativa" de Abril de 2007).

III

EL FACTOR TIEMPO Y EL DERECHO

El Parlamento Andaluz dicho respetuosamente, no ha contado con que el tiempo en el Derecho es un factor importante, diríamos que sustancial para la seguridad jurídica. ¡Que nos lo digan a los abogados! (los únicos operadores jurídicos que cumplimos los plazos, so pena de graves responsabilidades como certeramente ha dicho el profesor, abogado y, sobre todo, MAESTRO, OLIVENCIA. La prescripción, y la caducidad por ejemplo, son instituciones que se asientan en el tiempo -evidentemente el tiempo entendido desde la perspectiva jurídica, no meteorológica-.

Hace años el profesor GARCIA DE ENTERRIA desmitificó la imprescriptibilidad del Dominio Público. No podemos detenernos más, pero sí mostrar nuestros reparos a lo recogido en La Ley 6/2016 al establecer que “se mantiene como regla general la inexistencia de limitación temporal para la adopción de medidas de restablecimiento de orden jurídico perturbado para las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable”. (De la Exposición de Motivos incorporada a la nueva redacción del art. 185.2 de la Ley 7/2002).

IV

LA CUESTIÓN COMPETENCIAL

En la ordenación territorial –urbanística y medioambiental- sobre un mismo espacio físico tienen atribuidas competencias distintas Administraciones Públicas, no es por tanto acertada la afirmación de la exclusividad competencial urbanística a favor de las Comunidades Autónomas, porque resulta obvio que sobre el régimen jurídico de la propiedad del suelo tienen mucho que decir no solo el Estado, sino la Unión Europea.

A este respecto en la Revista “Actualidad Jurídica” de Aranzadi nº 490 de 14 de Junio de 2001, se publicó un jugoso comentario por el Magistrado D. JOSE MANUEL MARTIN BERNAL, titulado “Concordancia sobre tres leyes, en la que está por medio la vivienda”. A dicho comentario nos remitimos.

Desde otra perspectiva, en la misma Revista –la nº 556 de 5 de Diciembre de 2002- se publicó un comentario sobre “Responsabilidad patrimonial por actos legislativos: Una discutible elaboración jurisprudencial en expansión”, del profesor LUIS MARTIN REBOLLO que conviene tener en cuenta.

Desde otra perspectiva, en la misma Revista –la nº 556 de 5 de Diciembre de 2002- se publicó un comentario sobre “Responsabilidad patrimonial por actos legislativos: Una discutible elaboración jurisprudencial en expansión”, del profesor LUIS MARTIN REBOLLO que conviene tener en cuenta.

Y ya por último, desde el Derecho de la Unión Europea, no es una quimera sino una realidad científica, que expertos provenientes de numerosas Universidades Europeas, llegaran recientemente en un Congreso celebrado en Valencia, creo recordar, a un intercambio de opiniones con la finalidad de sentar la bases de la Codificación del Derecho Privado Europeo, de forma que constituya un testimonio más de la postura que la doctrina privatista europea mantiene actualmente sobre este nuevo reto al que se enfrenta el jurista.

En otra ocasión dijimos y lo recordamos ahora, al reflexionar en un escenario no tan parco como el presente por razones de espacio, sobre la cuestión competencial en el Urbanismo, entre otras cosas, lo siguiente:

“El problema radica en que el orden constitucional se entiende de diversas maneras, según sea el Estado o las Comunidades Autónomas quienes legislan. Esta es la naturaleza de las cosas de que hablaba MONTESQUIEAU a quien podemos ver ahora a través de PARSONS, contemplando que los actores que interactúan no lo hacen medidos por un sistema de símbolos culturales compartidos, sino que por el contrario, domina en ellos un fuerte componente de desviación, que aprovecha cualquier ocasión para manifestarse. Esta es una situación voluntariamente aceptada por quienes representan al Estado, y no ignorada por el Tribunal Constitucional”.

V

POSIBLE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Para nosotros los conceptos jurídicos indeterminados de asentamientos urbanísticos, régimen asimilable al de fuera de ordenación y otros, que al regular la Ley situaciones reales ilegales –así reconocidas- y darle respuestas distintas en Derecho, creemos que pudiera no respetarse el art. 14 de la Constitución.

En cuanto al Derecho de Igualdad, es pacíficamente aceptada que la doctrina de la equidistribución de beneficios y cargas urbanísticas es la concreción de esta materia del Derecho a la Igualdad ante la Ley. Evidentemente en la 6/2016 no se contempla la equidistribución.

Por lo que se refiere al contenido esencial del Derecho de Propiedad, en otra ocasión dijimos, entre otras cosas, en “Lo que queda del Derecho Urbanístico Estatal Español”, (monografía Aranzadi de Urbanismo y Edificación nº 20), lo siguiente: “Cualquier reflexión sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales en Derecho Constitucional Contemporáneo, ha de contar inevitablemente con las declaraciones de la STC 11/1981 de 8 de Abril calificada como la formulación económica del contenido esencial. Se podrá discutir, sin duda, si los derechos fundamentales son absolutos o limitados, incluso su posible gradación, pero lo que parece incuestionable es la posición central que los derechos fundamentales ostentan en nuestro ordenamiento constitucional a tenor de los arts. 1.1 y 10.1 CE. La STC 89/1994, de 17 de Marzo ya reiteró que la delimitación del contenido del Derecho de Propiedad correspondía al legislador pero respetando siempre su recognocibilidad”.

Entendemos que alguno de los preceptos modificados por la Ley 6/2016, de 1 de Agosto pudiera ser tachado de inconstitucionalidad por las razones expuestas hasta aquí.

Antonio Pérez Marín
Abogado
Socio fundador Bufete Pérez Marín

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